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ALMUDENA GÓMEZ DE CECILIA: La denominada Ley Riders original

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto-ley 9/2021, de 11 de mayo, por el que se modifica el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, para garantizar los derechos laborales de las personas dedicadas al reparto en el ámbito de plataformas digitales.

¿Qué se pretende con esta norma?
El gobierno dice que así da cumplimiento a una STS, la 805/2020, de 25 de septiembre. en la cual resuelve a favor de la laboralidad de las prestaciones de servicios en plataformas digitales de reparto: Tanto la sentencia como la modificación legal carecen de verdadero sentido en la dinámica actual del mercado, además esta reforma se ha introducido por la gatera como todo lo que hace el gobierno, mediante RDL y vía disposición adicional, sin una Ley de texto negociado con los agentes implicados, con visión puramente ideológica y en contra de la realidad. Lo que se ha hecho es presumir por Ley que los repartidores son trabajadores asalariados y no autónomos.

Analizando la realidad, vemos que se trata de restaurantes de servicio a domicilio que reparten la comida a través de plataformas de mensajería. Los repartidores, son en su mayoría estudiantes con bicicleta, que fuera del horario de clases y en períodos no lectivos, se sacan así un dinero extra. Por tanto, son gente que no quiere una relación laboral de ocho horas, al contrario, buscan un servicio sin horario, al que conectarse cuando quieran. Esa flexibilidad es la que pierden como también esos ingresos.

¿Qué otros efectos tendrá esa norma?
Como ocurre siempre que se da una norma contraria a la dinámica del mercado, van a salir perjudicados todos los intervinientes. Los repartidores porque habrá muchos menos, ya que sólo estarán los contratados y en los sitios donde sea rentable tener plantilla. Los consumidores, porque al haber menos repartidores, habrá zonas y franjas horarias sin reparto, salvo que se empiece a cobrar un suplemento, lo que encarecerá el servicio y los empresarios de restaurantes, porque lógicamente van a reducir sus ventas. En definitiva, esto hace que se pierda empleo en hostelería y en los sectores que dependen de ella. Si hay menos restaurantes, todos los proveedores relacionados, de comida y enseres, dejan de vender sus productos y su negocio decrece. Es decir a cambio de crear unos cientos de empleos, se destruyen miles, con lo cual, habría que pensar si no es más efectivo dejar al mercado y a los consumidores que se organicen y que la intervención estatal se limite a garantizar que los servicios demandados se prestan en condiciones adecuadas. Por ejemplo, ocuparse de las condiciones de higiene, los seguros de los riders, establecer normas de salud y seguridad que realmente mejoren su situación en lugar de dejarlos sin ingresos sin más. Esto fue lo que pidieron los integrantes de estas plataformas a través de sus representantes, sin ser escuchados en absoluto, como viene siendo habitual en el gobierno sanchista.