Antero Martínez Huamán, en calidad de Procurador de la Municipalidad Provincial de San Ignacio, en entrevista para radio La Miel, manifestó que, el pasado lunes, al haber sido alertada la institución edil, vía llamada telefónica, se apersonaron para la verificación in-situ y que efectivamente se encontraron a personal del ejército haciendo trabajos de remoción de tierra, procediendo a indicarles que no pueden estar realizando trabajos en terrenos que son de propiedad de la municipalidad.

"La Ley es clara, pasados los 10 años si no hay ninguna mejora del bien que se da, se revierte a la institución que lo ha donado. La municipalidad en sesión de consejo mediante acuerdo, decide revertir los 3.34 hectáreas de este terreno... La municipalidad saca una resolución administrativa y se notifica al ejército peruano", manifestó el procurador municipal.



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